Habla Sonia Luz

USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL ESTADO EN LA ELECCIONES DEL 2000 Y 2001 EN EL PERÚ. A propósito de la ley que regula el gasto en publicidad estatal (ley n° 30793)

Artículo en la Revista Razón y Palabra. Abril-Mayo 2002
ISSN 1605-4806

Una nueva ley que prohíbe la publicidad de los órganos del Estado peruano en medios de comunicación  privados ha sido aprobada hace pocos días por el Congreso del país, con mayoría fujimorista,  bajo la modalidad de insistencia en vista que había sido observada por el Poder Ejecutivo.  El dispositivo, iniciativa del congresista aprista Mauricio Mulder – uno de los solo cuatro miembros del Apra que alcanzaron llegar al Parlamento-  fue apoyada por los integrantes del partido fujimorista, ahora llamado Fuerza Popular,  y aprobada  con 70 votos pese a la oposición de las  otras fuerzas políticas y la abstención de dos partidos de la izquierda.

Paradójicamente,   los promotores de la ley son, precisamente, miembros de los partidos que han utilizado más intensamente los recursos del Estado para sus fines políticos partidarios: El fujimorismo y el Apra. En la actualidad, continúa  un intenso debate en los medios que se verían afectados en sus ingresos; periodistas e instituciones.  El gobierno de Martín Vizcarra ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República  y la Defensoría del Pueblo el día 22 de junio ha emitido un comunicado anunciando que “presentará una iniciativa legislativa a efectos de instituir una regulación en materia de publicidad estatal, que garantice la transparencia y eficiencia en el gasto, asegure que la contratación responda a criterios objetivos y que se cumpla con el mandato constitucional relativo al deber de colaboración de los medios de comunicación con la sociedad”.

Hace unos años, en el 2002, publiqué un artículo en la Revista de Comunicaciones Razón y Palabra donde exponía en detalle el  comportamiento de los medios de comunicación en los momentos a finales de la dictadura que durante diez años padeció el país. Y, especialmente, el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral del 2000 por el Poder Ejecutivo.
Líneas más adelante señalo el enlace en el que se puede leer en su totalidad el  informe titulado “Actuación política de los medios de comunicación peruanos. Elecciones 2000 y 2001”.

EL CONTEXTO

A fin de ayudar a entender a situación, transcribo párrafos  que explican lo que ocurría en materia de comunicación:
“Para entender el complejo y agitado proceso vivido es necesario presentar el contexto social y político previo a las elecciones del 2000. Y ahí encontramos que estas elecciones se presentaban con un rasgo particular. Elegido en 1990, el ahora ex presidente Alberto Fujimori Fujimori había modificado la Constitución para reelegirse en 1995 y luego sus legisladores la habían «interpretado» maliciosamente y desconocido el derecho de la ciudadanía a un Referéndum. Así Fujimori llegaba al 2000 como el presidente que en 1992 había clausurado el Parlamento y producido un autogolpe de Estado, con muy alta aceptación del pueblo peruano, fatigado de más de una década de desgobierno y accionar terrorista. En 1993, había firmado una nueva Constitución cuya principal novedad era que incluía la reelección aunque señalaba expresamente que era sólo por un segundo mandato. A fin de permanecer en el poder, en 1996, su mayoría parlamentaria aprobó la llamada «ley de interpretación auténtica» y en 1997 destituyó a tres Magistrados del Tribunal Constitucional que denunciaron la inconstitucionalidad de la ley. Con el Poder Judicial así como las universidades públicas intervenidos, los sectores más informados de la sociedad iniciaron las protestas. En 1998 un vasto esfuerzo logró las firmas necesarias para solicitar un referéndum, el mismo que fue rechazado por el parlamento.

Cuando en diciembre de 1999 Fujimori anunció su postulación para un tercer mandato se agudizó el ambiente de polarización política que tuvo como principal característica el silencio cómplice de los medios de comunicación social más importantes. Mítines, marchas y manifestaciones públicas en protesta por los actos de corrupción y prepotencia fueron sistemáticamente silenciados por los medios que, ahora sabemos con exactitud, habían sido dominados desde el poder dictatorial.

A qué obedecía la actuación de los grandes medios? La respuesta la tenemos en su fragilidad jurídica y económica. A fines de 1999 según un informe de l Instituto Prensa y Sociedad, de los siete canales de señal abierta, cuatro estaban bajo administración designada por el Poder Judicial intervenido. El quinto canal es de propiedad estatal; en el sexto Frecuencia Latina, el principal accionista, el empresario judío – peruano, Baruch Ivcher fue despojado de la nacionalidad y de la administración y, por último, el sétimo canal había sido alquilado a un ex ministro del régimen. Esto colocó a la televisión peruana en una situación jurídica sumamente vulnerable, sumada a la recesión económica y la falta de calidad ética de los administradores que recibieron muy altas sumas de dinero a cambio de combatir todo asomo de resistencia al poder dictatorial.

Los medios escritos tampoco estuvieron al margen de las presiones y el chantaje. El diario La República y la revista Caretas de clara oposición vieron disminuir sus ingresos en publicidad debido a la presión gubernamental sobre las agencias de publicidad y sobre los anunciadores. La publicidad estatal, la de mayor importancia en una economía en receso, se concentró en la televisión manipulada por el régimen. Un pequeño diario opositor, Liberación, jamás tuvo publicidad y al diario El Comercio, el más antiguo del Perú, le reabrieron un juicio por una acusación de la década anterior y que en su momento había sido cerrado por falta de pruebas.

Expreso, un diario abiertamente gobiernista, no sólo recibía una fuerte inversión de publicidad estatal sino que, como los videos del asesor presidencial lo demostrara luego ampliamente, su director recibió altas sumas a cambio de su línea editorial de apoyo incondicional. Además, los directivos de ese diario, compraron con dinero del servicio de inteligencia un canal por cable dedicado íntegramente a las noticias.

Sin embargo, el fenómeno más notorio fue el surgimiento desmesurado de diarios populares sensacionalistas, que en el Perú se conoce como «Diarios chicha» todos ellos abierta y groseramente fujimoristas. Característica de estos diarios de colores fuertes y desnudos en primera página, era junto con la insistencia en los éxitos del ex presidente, la publicación de noticias inventadas en las que el sexo y la violencia eran ( y son) el punto de atractivo.

Pero la función principal de estos diarios fue otra: la de demoler la imagen de cuanto líder aparecía en oposición al régimen. En un hábil manejo psicosocial dirigido a los sectores pobres que en nuestro país son los mayoritarios, el temor al regreso del terrorismo de Sendero Luminoso, se conjugó con la promoción de otros miedos y complejos problemas con lo que se fue construyendo una realidad en la que el único gobierno posible para el Perú seguía siendo el de Fujimori. Imagen de presidente campechano y eficaz que aparecía liderando una alianza de partidos.

Estos diarios – como ahora ha quedado demostrado- recibían diariamente las indicaciones del servicio de inteligencia nacional, bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos, sobre qué debían publicar en portadas , qué asuntos distractivos abordar y a qué líder opositor debían descalificar. Así, los potenciales contendores vieron uno a uno desmoronarse sus candidaturas. El alcalde de Lima, Alberto Andrade, de exitosa gestión en el reordenamiento de la capital pese al permanente boicot del gobierno, fue la primera víctima, acusado de falta de sensibilidad con los más pobres y por su calidad de criollo limeño en un país de hondos conflictos étnicos y de resentimiento contra el centralismo; el ex presidente de la seguridad social, también de recordada gestión, fue objeto de insistente campaña que lo presentaba como corrupto e inestable emocional; el economista Alejandro Toledo, desde que empezó a figurar en las encuestas de intención de voto, recibió los ataques que lo vinculaban con un notorio estafador, luego de que encabezara multitudinarias marchas de protesta fue identificado como violentista y calificado de terrorista. Como la campaña no rendía los frutos deseados, los esfuerzos combinados de los medios se centraron en la construcción de una imagen de inestabilidad emocional, proclividad a la mentira y , por último, se reactivó un juicio por paternidad que ya había tenido sentencia absolutoria. Para este fin, personal del ejército trasladó a la supuesta madre de una niña no reconocida la que fue presentada en un «reality show» televisivo de alta audiencia y que conducía una presentadora de declarada postura a favor del régimen muy allegada al asesor Montesinos.

En el caso de la radio, RPP, la radioemisora de mayor alcance nacional e internacional y ligada empresarialmente a uno de los más antiguos canales de televisión, también comprometió su apoyo a cambio de dinero recibido tanto por sus directivos como por sus periodistas, en la actualidad, procesados por el Poder Judicial.”

LA ACTUACIÓN

Consumada la «interpretación auténtica» de la Constitución promulgada por el propio gobierno, Alberto Fujimori inició su campaña bajo el nombre partidario de Alianza Perú 2000. Aquí veremos el dispendio de recursos públicos que significó su campaña electoral:

“4.1 Publicidad del Estado en la Campaña electoral del año 2000
Un hecho que no puede dejarse de mencionar en el análisis de lo ocurrido en la televisión del Perú durante las elecciones del año 2000 y que quedará como experiencia funesta en términos de falta de equidad y de respeto a la ciudadanía es el incremento de los gastos de publicidad del Estado y que se constituyó en materia de permanente denuncia por parte de los otros candidatos debido al aprovechamiento que el presidente en ejercicio hacía de los fondos fiscales para promocionar su tercera ilegal postulación..

La televisión recibió el 78% de lo gastado en publicidad en todos los medios. Durante los meses enero y febrero el Estado – el gobierno- incrementó en 36.6% su gasto en publicidad en televisión respecto al año anterior. Así de 6’181,002.92 millones de dólares USA gastados en 1999, en plena campaña electoral el gasto se elevó a 8’441,420.58 millones de dólares USA. A esta dependencia económica se añade las manipulaciones empresariales que mantuvieron a los canales virtualmente secuestrados por el régimen autoritario. Este problema fue de tal magnitud que algunos partidos denunciaron no haber podido contratar publicidad (pagada) en los canales de señal paradójicamente llamados de ‘señal abierta’. El siguiente cuadro ilustra en torno a la inversión en publicidad del Estado en etapa electoral.

CIFRAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DEL PERU
INVERSION PUBLICITARIA ENERO /MAYO 2000 EN US $

Las 30 marcas/entidades de mayor inversión

INVERSION ENERO/ FEBRERO 2000- 30 MARCAS/ENTIDADES

INVERSIÓN ESTATAL POR MEDIOS ENERO-MAYO 2000

Fuente: Supervisora de Medios y Publicidad S.A. En: Anda, Julio 2000 Pág.9.

EL FRAUDE ELECTORAL, LAS REACCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y EL DESENLACE

5. El fraude informativo
   No fue sólo un problema de falta de equidad o la profusión de noticias inventadas sino la aplicación de recursos en la puesta en escena de las informaciones que es necesario identificar, como por ejemplo, no dar la palabra «en vivo» a los opositores, sino que se editaron declaraciones para que proyectaran una imagen de insolvencia permanente; sus discursos fueron groseramente tergiversados; de otro lado se los presentó en locaciones inadecuadas, con iluminación deficiente, elección de planos inconvenientes, etc. Mientras esto ocurría con los opositores el público era testigo de la insistente y benévola presentación del candidato presidente.

6. Las reacciones ante una labor informativa fraudulenta
   Semanas antes del 9 de abril, miles de peruanos manifestaron en las plazas de distintas ciudades del país su malestar frente al régimen y su adhesión a alguno de los candidatos opositores. La televisión local permaneció sorda, ciega y muda.

El día 9 de abril se consumó el fraude electoral ante las cámaras de televisión. Al concluir el acto electoral todas las encuestadoras coincidieron que el ganador era el doctor Alejandro Toledo. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales retrasó los resultados y finalmente dar la ventaja a Fujimori. Estas y otras graves irregularidades obligaron a la misión de observadores de la OEA a retirase del país. «algo siniestro está ocurriendo» fue la declaración del embajador Stein, presidente de la citada misión.

La noche del 9 de abril Alejandro Toledo había encabezado un multitudinario mitin de protesta. Las semanas y meses siguientes, grandes manifestaciones públicas de rechazo ante lo acontecido con la participación de los principales partidos políticos y la sociedad civil, fueron disciplinada y sistemáticamente soslayadas por la televisión. Miles en las calles y otros miles más en sus hogares compartieron entonces la impotencia y el enojo, buscando afanosamente información en la radio, usando el teléfono para indagar detalles o intercambiar opiniones con familiares y amigos, convencidos todos que la televisión estaba engañando. La televisión destinada al gran público, la misma que tantas veces había proclamado que basaba su programación en lo que le gusta a la gente.

El público optó por la comunicación interpersonal. Así, frente a la ceguera, sordera y mudez televisiva, la mesa familiar, el teléfono, el correo electrónico en las cabinas del barrio, el puesto de periódico en la esquina, la puerta de la bodega, el parque etc., fueron redescubiertos como espacios de intercambio acerca de los asuntos públicos.

El comportamiento de la televisión local llegó a niveles de escándalo internacional. El 11 de febrero el Segundo Informe de la Misión Internacional del Instituto Demócrata y el Centro Carter había alertado sobre «La falta de objetividad en los medios» recordando que «La libertad de acceso a la información es un derecho humano, especialmente en el contexto de una elección, en la cual la posibilidad de escoger razonablemente entre varios candidatos hace posible la expresión política del deseo del pueblo.» Por ello, los observadores internacionales advierten que «La campaña electoral del 2000 ha sido obstaculizada por la falta de objetividad de los medios y por una tendencia hacia el periodismo sensacionalista. La discusión política es una rareza en la televisión, especialmente en la televisión abierta, mientras que sólo un grupo minoritario de peruanos tiene acceso a la televisión por cable. En lugar de auspiciar debates serios, la Delegación ha observado que varias estaciones de televisión abierta están positivamente predispuestas y hostiles hacia los candidatos de oposición y a los observadores peruanos de las elecciones»6

La situación no presentó mejoras, más aún se agravó por lo que en el Informe Final de la Misión Conjunta de Francia, España y Canadá señala: «… el acceso a la televisión de señal abierta continúa siendo desigual. La desigualdad persiste en términos de la menor cobertura y evidente sesgo con los cuales los canales de señal abierta relatan las actividades de la oposición», por lo que luego de relatar ataques de los que son «víctimas los medios críticos al gobierno actual» recuerdan que «esto es una violación al derecho de la ciudadanía a recibir una información política imparcial y plena.» Además mencionan «la excesiva publicidad estatal sobre los logros del gobierno actual, especialmente en la televisión y la concentración de la cobertura informativa del canal del estado en el candidato- presidente.»

Ante la dimensión del problema, la Misión de Observación de la OEA planteó reiteradamente entre sus Recomendaciones más importantes la mayor abertura de los espacios así como el cese a las hostilidades a la oposición. Como respuesta, los canales locales siguieron transmitiendo en extenso los mítines oficialistas y obviaron, minimizaron o tergiversaron toda manifestación adversa. La solitaria presencia de un canal por cable y sus programas de análisis y transmisiones plurales de los mítines ponía de manifiesto el rostro de un país claramente escindido entre quienes (una minoría) tienen acceso a la modernidad electrónica en casa y entre quienes siendo la inmensa mayoría son mantenidos al margen de la información sobre los asuntos públicos.

Situación paradójica porque si bien mucha gente carece de la conexión del cable, al haberse ampliado la frontera del servicio telefónico y haberse extendido el uso de las cabinas públicas de Internet, estas mismas personas – especialmente los jóvenes urbanos – pueden comunicarse con un amigo lejano o frecuentar medios internacionales mientras tienen una visión reducida o sesgada del acontecer político nacional.

Los efectos sociales de esta y otras paradojas de la comunicación social en el Perú son – como muchas cosas en el país – impredecibles. Por ejemplo, las campañas de los organismos oficiales que coparon mayoritariamente la publicidad televisiva tenían como idea dominante la idea del progreso del país, el que se estaría logrando con kilómetros de carreteras, edificación de escuelas y ampliación de servicios, pero confrontados con las penurias diarias de exclusión, desocupación, miseria, desnutrición y la ausencia de oportunidades los mensajes podrían dar frutos no previstos. La diaria frustración de expectativas no pudo ser permanente cubierta con spots triunfalistas o el financiamiento a degradantes «reality shows».

Un Monitoreo de Medios realizado por Calandria durante el mes de mayo del 2000, se obtuvo que la televisión local dedicaba el 52.2% de sus Titulares a las noticias Policiales, Delincuenciales o de Accidentes. En segundo lugar se ubican las noticias Locales y de Desastres naturales con un 20.7%; mientras tanto la aguda crisis electoral luego de la más cuestionada primera vuelta, sólo había merecido el 14.1% de cobertura informativa. Cerrados los espacios de deliberación, en los canales de «señal abierta» durante la campaña electoral toda acción de defensa de los derechos ciudadanos, o se silenció o fue presentada como inquietante promoción de violencia. Y en los pocos espacios periodísticos existentes fueron convocados como entrevistados o comentaristas oscuros personajes que apelaban a la «necesidad de tranquilidad pública.» Lo cual era absolutamente incongruente no sólo con ese 52.2% de la programación dedicado a exaltar a la delincuencia sino con toda una programación violentista basada en «reality shows» perversos, «cómicos» que agrediendo todo valor de vida civilizada. Amén de las diarias muestras de intolerancia desde el poder.

Entre la primera y segunda vuelta del 2000 los medios continuaron comportándose de la misma forma. Los resultados fraudulentos de mayo del 2000 no extrañaron demasiado. Fujimori fue dado como ganador por apretada mayoría y el Perú quedó polarizado. La organización de una formidable manifestación que reunió a pobladores de todos los rincones del país en la ciudad de Lima, la llamada «Marcha de los cuatro suyos», fue liderada por Alejandro Toledo pero contó con el apoyo de los más amplios sectores de la sociedad civil.

Pocos meses después, en noviembre del año 2000, en un marco de extraordinaria agitación política y social y unida al descrédito internacional generalizado el ingeniero Alberto Fujimori huye al Japón dejando al Perú en su más grave crisis económica e institucional. Un video difundido por el canal 8 , por cable, puso al descubierto el pago realizado por el asesor Montesinos a un congresista aparentemente opositor para que apoyara las decisiones del fujimorismo en el Parlamento.”

AQUÍ EL ARTÍCULO COMPLETO
Al usar la información se ruega CITAR LA FUENTE
Revista Razón y Palabra. Abril-Mayo 2002
ISSN 1605-4806
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/sluz.html

También ver:

PRONUNCIAMIENTO N° 17/DP/2018 DEFENSORÍA PARTICIPARÁ EN PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY QUE REGULA EL GASTO EN PUBLICIDAD ESTATAL (LEY N° 30793)

Haz clic para acceder a 17.-Ley-publicidad-estatal.pdf